NOLAKOAK GAREN!

Pronto, el 7 de abril, se cumplirán tres años de lo que se vivió como un hito político: que el 90% del arco parlamentario vasco aprobara un acuerdo en una materia tan simbólica y controvertida como es la educación.  ¿Fue tal el logro político? ¿Qué tuvo de componenda que sobrevoló por unos instantes las discrepancias irresolubles entre los partidos? ¿Cuál fue la participación y el respaldo social de la “comunidad educativa”? A tres años vista, ¿qué poso de transformación ha dejado en la educación vasca? En tres entregas sucesivas, trataré de responder a estas preguntas desde mi personal punto de vista. En este primer capítulo abordo mi lectura de la intrahistoria del “Acuerdo de bases para la transformación de la educación vasca”, en adelante el “Acuerdo”.

La intrahistoria del Acuerdo

Construir una historia muy aproximada de los entresijos que llevaron al Acuerdo no está a mi alcance, pues la composición de un puzzle más completo necesitaría del testimonio de muchas personas. Pero a partir de lo que alcancé a conocer, puedo aportar estas piezas del mosaico que no creo que se alejen mucho de la realidad.

Fueron varias las legislaturas que se consumieron en el huidizo empeño de hacer una ley educativa vasca que viniera precedido por un acuerdo educativo. Que había necesidad de acordar los caminos futuros de la educación vasca gozaba de un amplio consenso. Que todo ello debía desembocar en una ley era un empeño muy perseguido por amplios sectores del nacionalismo, de la escuela concertada, muy particularmente de las ikastolas, las cuales vieron con gran frustración cómo se esfumó esa posibilidad, una tras otra, en las dos legislaturas inmovilistas de Cristina Uriarte.

Había que nombrar a alguien con mucha habilidad política que convirtiera la siguiente legislatura en una oportunidad aprovechada. Jokin Bildarratz cogió los mandos del Departamento de Educación con el propósito decidido de llevar a buen puerto lo que el acuerdo de gobierno entre PNV y PSE recogía, una vez más, en materia educativa: una ley educativa vasca, precedida de un amplio acuerdo de país que permitiera sacar del languidecimiento creciente en que se encontraba nuestra educación. Fuera compartida o no la necesidad de la ley, formó parte del acuerdo político del Gobierno sustituir la Ley de la Escuela Pública Vasca.

El nombramiento del nuevo consejero se produjo cuando la pandemia había estallado (las elecciones se retasaron hasta julio de 2020). Por ello a Jokin Bildarratz le tocó organizar la vuelta masiva a las aulas para el curso 2020-21. Ello no le impidió ponerse manos a la obra del objetivo de lograr un acuerdo, por lo que desde el inicio de la legisltatura comenzó una serie de contactos y reuniones con Bildu. Ignoro qué trueque de borradores hubo entre el Departamento de Educación y Bildu, pero lo que me resulta admirable es que Bildu diera por bueno un texto lleno de empalagosa retórica educativa, muy discutible desde el punto de vista estilístico, difusa y contradictoria en algunos contenidos, con diversas referencias a una ley que todavía no existía. Seguramente fue porque aparecían líneas maestras de lo que ambos partidos nacionalistas, particularmente Bildu, quería para el futuro educativo del país.

En cualquier caso, los contactos permitieron que se abriera camino un texto muy avanzado para un posible acuerdo entre partidos, pero después de tanta insistencia en la necesidad de abrirse a una participación social que avalara el resultado, no era presentable un acuerdo cocinado entre aparatos de los partidos.

Hubo un intento previo de cubrir esa necesidad de participación social por medio de Eusko Ikaskuntza, que ya había iniciado un proceso propio para la elaboración de un “Libro Blanco” sobre la educación vasca, cuyo recorrido se inició con el encuentro en Donosti del 11/09/2021, bajo el título “Ehun zubigile hezkuntza sistemaren etorkizuna elkarrekin lantzen”, al que fui invitado y participé.  

Poco después, de manera forzada y a regañadientes, Eusko Ikaskuntza se vio obligada a organizar el  sinposio «Hezkuntza Sistema: Adituekin solasean, herritarren azpimarra”, para dar respuesta al requerimiento del Departamento. De manera artificial buscó encajarlo en el proceso del “Libro Blanco”. Estoy muy agradecido por la invitación a participar en el mismo. El simposio, que fue rico en ponencias, careció de “herritarren azpimarra”, es decir, tuvo muy poco de participación de la “comunidad educativa”. Era difícil hacerlo. A eso se unieron la desconfianza y las críticas de variados sectores sociales, políticos, sindicales… sobre si Eusko Ikaskuntza era la mediación idónea para poner en marcha un proceso participativo o si no era más que un envoltorio para avalar lo que se presuponía que eran acuerdos muy avanzados entre las principales fuerzas políticas del país.

Sea como fuere, después del simposio se decidió parar las máquinas y poner en marcha un proceso de comparecencias de 20 minutos, invitando cada partido a diferentes a las personas y colectivos que creyeran oportuno, para que expusieran su diagnóstico sobre la educación vasca y sus propuestas.  En total se produjeron unas 100 comparecencias, en un maratoniano proceso (para los miembros de la Comisión de Educación) durante los meses finales de 2021.

Tras ellas, la Comisión de Educación se tomó un receso de varias semanas para redactar las conclusiones finales, tratando de hacer síntesis de las aportaciones de los comparecientes. Cuando, finalmente, el presidente de la Comisión, Gorka Álvarez, dio a conocer la propuesta de documento para el Acuerdo, muchos de los que comparecimos confirmamos la sospecha de que habíamos asistido a un simulacro participativo, pues no nos veíamos reflejados en el resultado final, que, salvo algunos cambios, no presentaba mucha novedad respecto a lo que se conocía del preacuerdo PNV-Bildu.

Para entonces el PSE, con la nueva dirección salida de su 9º Congreso de noviembre de 2021, empezó a salir del letargo y tras una negociación poco exigente de la anterior Ejecutiva a los contenidos avanzados entre PNV y Bildu, empezó a demarcarse nada más conocerse la propuesta emanada de la Comisión de Educación. Como es un clásico, las discrepancias se centraron en las cuestiones lingüísticas, con recelos que no fueron insuperables hacia el servicio público vasco de educación. La amenaza de ruptura llevó a la intervención del Euskadi Buru Batzar y del propio Lehendakari que siempre tuvo clara la prioridad de pactar con su socio de Gobierno. A pocos días de cerrarse el Acuerdo, los partidos en el Gobierno dejaron claro el peligroso mensaje de que el Acuerdo ya estaba hecho y de que los que estaban fuera, si querían entrar, deberían hacerlo a partir de lo acordado entre PNV y PSE. Las reuniones entre Bildarratz y Retortillo amarraron el acuerdo de los socios.

Después de muchas horas de reuniones e intercambios en un contexto de mucha complicidad entre Bildu y Begoña Pedrosa, a la sazón viceconsejera y muñidora fundamental de los textos a los que me he referido antes, Bildu se asomaba al abismo de quedarse finalmente fuera de un acuerdo tan largamente trabajado por una maniobra de descabalgamiento del PSE, que volvería a repetirse de nuevo por las cuestiones lingüísticas, esta vez con éxito, con motivo de la Ley 17/2023 de Educación. El Departamento no quería ni podía dejar fuera a Bildu. La fuerza que más había madrugado fue la última en entrar a la firma. El PSE tuvo que aceptar (lo había hecho en alguna resolución parlementaria anterior) el nivel B2 en euskera al finalizar la ESO y Bildu vio cómo quedaba aprobado que los aprendizajes se vehicularían en las dos lenguas oficiales.

La historia con Elkarrekin-Podemos-IU corrió paralela a los avatares anteriores. Elkarrekin Podemos-IU, no sin debate interno, basculaba entre quedarse fuera del Acuerdo con un “no” poco arriesgado que no le incomodara con los agentes de la pública que teóricamente era su nicho electoral o verse ante un hito político del que no podía quedarse fuera, tratando de estar a la altura con una posición nítida pero negociadora, con una postura responsable ante lo que se entendía como un acuerdo de país. Finalmente, asumiendo riesgos, se decantaron por esta última opción.

No fue fácil superar las desconfianzas entre el Departamento y la representación de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento. El Departamento creía que Elkarrekin Podemos-IU solo quería marear la perdiz y provocar cambios en un texto para finalmente no sumarse al Acuerdo. Finalmente, las partes decidieron darse una oportunidad y en dos sesiones atornillados durante horas a la silla, la madrugada del 14/03/2021 de noviembre se alumbró un principio de Acuerdo que debía ser refrendado en las horas finales de negociación entre los partidos políticos. Elkarrekin Podemos-IU decidió hacer una rueda de prensa (16/03/2022) para adelantarse y poder “vender” ante su público las razones que le llevaban a sumarse al Acuerdo, incluso antes que Bildu.

Para sentarse a negociar Elkarrekin Podemos-IU solo puso como condición que se dejara de hablar de generalidades y se bajara al terreno de las concreciones. De hecho, ya había presentado un documento en enero de 2022 sus «80 propuestas para una escuela pública vasca integral e igualitaria», si bien ambas partes negociadoras aceptaron como punto de partida los 40 puntos que presenté en el Parlamento. Es así como se alumbró la segunda parte del Acuerdo, el llamado “Plan de Actuaciones” a las que, en principio no se oponían ni Bildu, ni PSE, aunque en las negociaciones finales quedaron en 43 actuaciones a desplegar en un ámbito temporal de 12 años.

Quedó pendiente un fleco fundamental: el seguimiento del Acuerdo. Elkarrekin Podemos-IU propuso una doble mesa: una técnica compuesta por personas independientes reconocidas en el mundo educativo vasco por su cualificación y otra política compuesta por los partidos firmantes del Acuerdo. El Departamento no aceptó la primera mesa, alegando que para eso ya estaba el ISEI-IVEI. En las negociaciones finales entre partidos terminó quedando fuera del cuerpo del Acuerdo incluso esta mesa política de seguimiento, aunque se aprobó finalmente como compromiso desgajado.