NOLAKOAK GAREN!

Esta es la segunda entrada de tres sobre el tercer aniversario del Acuerdo educativo vasco. Quien desee leer la primera, la intrahistoria, puede clicar aquí.

Aunque la aprobación parlamentaria formal fue el 7 de abril de 2022, el Acuerdo educativo propiamente se alumbró el 18 de marzo y el 24 de marzo se aprobó en la Comisión de Educación. se aprobó en la Comisión de Educación el 24 de marzo de 2024 (ver texto). Aquel momento de euforia en que el consejero recibía decenas de felicitaciones, a la vez que él mismo repartía gentilmente agradecimientos, no impedía valorar que aquel hito de la política vasca, que podía servir de precedente para otros temas cruciales de nuestra sociedad, no dejaba de ser una “criatura” precaria que iba necesitar de muchas atenciones. Con la perspectiva que da un trienio, vamos a tratar de extraer algunos aprendizajes de aquella experiencia.

 Las partes del Acuerdo: un conjunto amalgamado.

Ya señalé en el capitulo anterior que el Acuerdo tuvo dos cuerpos. Una parte de abigarrada retórica educativa con carácter generalista y una segunda parte de medidas concretas, bautizada como “Plan de actuaciones”. Esta segunda parte, fruto de la negociación con Elkarrekin Podemos-IU, resultaba un pegote artificial respecto al estilo de la primera parte. La primera parte estaba pensada como una especie de preámbulo de intencionalidades, útil para la exposición de motivos de una ley. La segunda estaba pensada como conjunto de medidas evaluables para la transformación del sistema educativo. Después de tantas idas y vueltas, con las prisas por cerrar un acuerdo, no hubo preocupación por dar coherencia a partes tan diferentes entre sí.

El Acuerdo se construyó con negociaciones bilaterales en las que se iban haciendo concesiones a unos que no casaban fácilmente con las se hacían a otros. Solo muy al final se entró en una negociación a cuatro bandas, donde se hicieron patentes las costuras frágiles del Acuerdo. Pero no se podía ya dar marcha atrás.

El resultado fue un texto que, desde el punto de vista estilístico, carecía de coherencia y cohesión, que contenía algunas contradicciones y no pocas ambigüedades y que, por tanto, requería un desarrollo muy esmerado dado que estaba cogido con muchos alfileres. Tal como se desarrolló el proceso, sin un diagnóstico compartido, con muchos vaivenes y sin una hoja de ruta clara, era difícil haber obtenido un resultado mucho mejor. Por eso en aquel momento con un toque de ironía publiqué en mi blog una entrada titulada: “El mejor de los acuerdos posibles”. Y, pese a todos los pesares, no había que desdeñar lo logrado.

 Un Acuerdo concebido como instrumento para la Ley educativa

El mundo educativo vasco estaba dividido respecto a la necesidad de una Ley. Para las ikastolas era un sueño acariciado largos años, por un lado, para desquitarse de la Ley Buesa; por otro lado, como un paso fundamental en la construcción de un sistema educativo propio y para su reconocimiento como centros públicos no estatales. Era, por tanto, una aspiración de buena parte del nacionalismo con la que el PSE venía transigiendo una y otra vez, aceptándolo en los distintos programas de gobierno de coalición. Para otros, en cambio, no había ninguna necesidad de derogar la Ley de la Escuela Pública Vasca, aún sin desarrollar en todos sus aspectos. En mi opinión, el debate no era que hubiera ley o no, sino si debía ser concreta y fruto consolidado de las trasformaciones operadas o si, por el contrario, se colocaba al principio del proceso y se formulaba de forma «abierta», dejando las manos libres al Departamento de turno. Precisamente en noviembre de 2022 en una jornada conjunta que organizaron Save de Children y Zubiak Eraikiz ambas organzaciones leyeron conjuntamente un manifiesto con el título: «Por una ley de educación más ambiciosa y concreta, a la altura del acuerdo educativo, en equidad y desegregación». En definitiva, no había urgencia. Lo importante era empezar a operar la transformación.

El primer texto del Acuerdo, básicamente muñido por el Departamento y Bildu, era suficiente como un instrumento en el camino hacia un objetivo superior: la ley vasca de educación. El Acuerdo, una vez convertido en texto legal, estaba llamado a que nadie lo recordara poco tiempo después, una vez cumplida su misión. Hubo una pugna que se reflejó en los títulos del Acuerdo. Lo que empezó siendo “Bases del Acuerdo para el futuro sistema educativo”, una especie de borrador de la nueva Ley, pasó a ser titulado, tras las aportaciones de Elkarrekin Podemos-IU, “Acuerdo de Bases para la transformación de la educación vasca”. De hecho, ambos títulos conviven en el acta del Parlamento del 7 de abril de 2022.

Como era natural, se terminó imponiendo la visión de la instrumentalidad del Acuerdo como medio para la Ley. De esta manera, lo que pudo tener el Acuerdo de virtualidad trasformadora terminó cristalizando en una Ley que acabó amortizando el carácter dinámico y de construcción colectiva de aquel.

 El Acuerdo como punto de partida, no de llegada.

Recién aprobado el Acuerdo escribí lo siguiente: “…el texto pactado tiene no pocas debilidades y ángulos ciegos…adolece de mayores concreciones, de zonas de ambigüedad y, por tanto, de elementos interpretables… los acuerdos se valoran al final, porque lo que dará la razón a sus detractores o a sus firmantes va a ser la capacidad de desarrollarlo”. Y es aquí donde el Acuerdo ha naufragado, una vez que se ha transformado en una interpretación unilateral del mismo en la Ley 17/2023. El “acuerdo de país” no tuvo “una gestión compartida de país”. Ahora que se recurre tan manidamente a la necesidad de los pactos, una lección a extraer es que los pactos nunca son puntos de llegada, sino deben ser permanentemente construidos, reelaborados y reinterpretados compartidamente, aunque sea muy trabajoso.

 ¿Sigue vivo el Acuerdo?

Por lo dicho, cabe hacerse la pregunta sobre si sigue vigente el Acuerdo o ya es solo la Ley el referente casi exclusivo.

El acuerdo político no tuvo su correlato en la aceptación social. Desde luego, los agentes de la pública y casi todos los sindicatos lo criticaron abiertamente: seguía habiendo concertada. También los sectores de la concertada mostraron sus importantes insatisfacciones: se consagraba el protagonismo de la Escuela Pública y se anunciaba el fin de la concertación universal. Un Acuerdo es un ejercicio de diálogo y también de cesiones parciales, por lo que en parte fue lógico que nadie viera satisfechas sus pretensiones maximalistas.

Pese al apoyo del 90% del Parlamento, las convicciones ante el Acuerdo fueron muy variadas también entre los partidos. El PNV se dejaba llevar por el Departamento que tenía la ley entre ceja y ceja, pese a que el consejero cumplió en tiempo con uno de los compromisos del Acuerdo, presentando en la Comisión de Educación el Cronograma de Actuaciones.

El PSE entró desde el principio con desgana al Acuerdo. No podía zafarse porque formaba parte del Gobierno y no estaba por hacer casus belli poniendo en dificultad otras áreas de Gobierno que les competían directamente. Pese a su tradición, la educación no era su tema en ese momento.

Elkarrekin Podemos-IU enseguida se dio de bruces con la realidad de un Departamento que interpretó a su manera las claves de la vertebración y planificación del sistema educativo y carecía de los apoyos técnicos suficientes que le permitiera poner coto a los derroteros que fue tomando el desarrollo del Acuerdo:  la concertación de dos años, el decreto de Planificación, el sexenio, etc. Enseguida, tuvo que marcar distancias y ahora Podemos, por su condición extraparlamentaria, ha quedado prácticamente anulado como agente gestor del Acuerdo y el único parlamentario que queda de IU en la Cámara ya lo ha dado por enterrado.

Bildu, vistas las reacciones críticas de los agentes sociales educativos y las posturas de los partidos firmantes del Acuerdo lo dio por amortizado. Según su lectura, nadie creía en él, por lo que apostó con firmeza  por que no se dilatara la ley por más tiempo. Visto el resultado, fue una apuesta que no les salió del todo bien, pero lograron introducir muchas de sus propuestas más queridas en el texto legal y les asistía el convencimiento de que nunca se iba a presentar una mejor ocasión para su propósito que la que ofrecía el tándem Bildarratz-Pedrosa. Mantuvieron un silencio cómplice ante algunas decisiones del Departamento claramente contrarias al Acuerdo, pero colaron buena parte de sus ideas en la ley y de paso contentaron a su mundo próximo, el de las Ikastolas.

Recientemente, Ikoitz Arrese se ha quejado del desarrollo unilateral que el Departamento de Begoña Pedrosa viene haciendo del desarrollo del Acuerdo y solicitando una vuelta a su espíritu. La secuencialidad de la mesa de seguimiento se ha ido perdiendo por el camino. Precisamente a petición de Bildu, la propia consejera compareció (18/12/2024) en la Comisión de Educación para presentar una reformulación del cronograma de actuaciones, pero del Pacto solo queda lo reflejado en la Ley 17/203 de Educación, que, a la postre, es la referencia para el desarrollo de los próximos años. Ni que decir tiene que la Ley 17/2023, aunque contiene muchos elementos del Acuerdo, es una versión interpretada por Bildarratz y su equipo, habiéndose dilapidado por el camino el cacareado consenso del Acuerdo. Un acuerdo exige el desarrollo compartido de los firmantes. En cambio, el desarrollo de una ley corresponde al Gobierno.